Con el objetivo de modernizar el Estado y dinamizar la economía nacional, la Asamblea Nacional ha ratificado el alcance de la recién aprobada Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Este instrumento legal, propuesto originalmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se fundamenta en la transformación digital, la interoperabilidad entre instituciones y el principio de presunción de buena fe, marcando un hito en la lucha contra el burocratismo y la duplicidad de recaudos.
La normativa establece la prohibición estricta de solicitar documentos propios; es decir, ningún ente público podrá exigir requisitos que la propia administración ya posea o emita. Al respecto, la diputada María Gabriela Vega destacó que la ley impone un concepto de interoperabilidad, donde son las instituciones las encargadas de coordinar entre sí para obtener la información del ciudadano. Por su parte, el diputado Carlos Sierra subrayó que la adopción obligatoria de la firma electrónica y medios telemáticos fortalecerá la capacidad administrativa, permitiendo que comunidades y empresas gestionen sus procesos sin retrasos innecesarios.
Un impulso estratégico para la industria y la inversión
El sector productivo ha recibido la ley con optimismo. Jorge Hernández, vicepresidente territorial de Fedeindustria, calificó la medida como «muy positiva», señalando que la reducción de costos operativos y la agilidad en registros y licencias son claves para la competitividad industrial. Según Hernández, esta agilización es vital para la nueva dinámica económica de Venezuela, facilitando la llegada de inversión extranjera y permitiendo que las empresas se enfoquen en la producción real en lugar de gestiones administrativas que no aportan valor.
Estructura de control y plazos de ejecución
Para garantizar el cumplimiento de esta reforma, el Artículo 7 de la ley crea la Comisión Nacional para la Celeridad y Optimización de Trámites, un ente multidisciplinario presidido por la Jefatura de Estado e integrado por la Vicepresidencia Ejecutiva, gobernadores, alcaldes y la Defensoría del Pueblo. Esta estructura asegura que la simplificación permee a todos los niveles de gobierno, desde el central hasta el municipal.
Desde la aprobación de la ley, las instituciones cuentan con un lapso de 180 días continuos para adecuar sus plataformas y oficinas a la realidad digital. En este contexto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, presidente de la Comisión de Política Interior, lidera jornadas de formación para asegurar que los organismos estatales coordinen eficazmente y brinden un trato adecuado a sectores vulnerables, garantizando una transición fluida hacia una gestión pública eficiente y transparente.
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