El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha lanzado una ofensiva judicial sin precedentes al anunciar acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exautoridades mexicanas. La investigación, liderada por la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que desde que Rocha asumió el cargo en 2021, estableció una alianza con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, el mandatario habría permitido que el grupo criminal operara con total impunidad y distribuyera grandes cantidades de droga hacia territorio norteamericano, presuntamente como pago por el apoyo electoral recibido mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
La acusación se extiende de manera contundente hacia otros niveles del poder público, alcanzando al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al vicefiscal de la entidad, Dámaso Castro Zaavedra.
El expediente también detalla la implicación de altos mandos de seguridad y finanzas, señalándolos de asociarse directamente con la organización criminal para facilitar el tráfico de estupefacientes y delitos con armas. Ante la gravedad de los cargos, que incluyen casos de conspiración para secuestro con resultado de muerte para algunos de los implicados, el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado formalmente la pena de cadena perpetua para los diez señalados, marcando un punto de quiebre en la cooperación institucional entre ambos países.
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