La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó ayer martes 14 de abril la Licencia General número 57, mediante la cual se levantan parcialmente las sanciones que pesaban desde 2019 sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) y, de manera complementaria, sobre el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.
La decisión, que permite la prestación de servicios financieros en dólares y el reingreso a sistemas internacionales de compensación y validación de pagos, ha generado expectativas encontradas en el ámbito económico. Para profundizar en sus alcances reales, 360 en directo consultó al parlamentario y economista Juan Carlos Valdez, quien advierte que esta medida tiene dos caras: facilita las transacciones, pero también expone al país a las exigencias de sus acreedores.
El lado positivo
En opinión de Valdez el principal beneficio de esta licencia es la eliminación de los engorrosos mecanismos de triangulación que las entidades públicas venezolanas se veían obligadas a utilizar para realizar pagos y cobros en el exterior.
“Nos beneficia por un lado: podemos hacer ya transacciones internacionales sin ningún problema. No tenemos que estar triangulando, no tenemos que estar pagando comisiones extraordinarias. En teoría, ingresamos nuevamente al sistema switch de compensación y validación de pagos”, explicó el experto.
En concreto, el BCV y los bancos públicos ahora pueden operar con corresponsales internacionales, realizar transferencias electrónicas y gestionar el cambios de divisas, entre otras herramientas que les habían sido vedadas durante más de medio lustro.
El lado no tan bueno
Sin embargo, el diputado advierte que toda flexibilización conlleva obligaciones. Y el punto débil de esta licencia es, precisamente, la pérdida del argumento de la “imposibilidad de pago” por causas sancionatorias.
“¿Cuál es el lado no tan bueno de este levantamiento parcial de sanciones? Que ahora los acreedores te van a decir: ‘No tienes excusa, págame’”, sentenció el analista.
En otras palabras, las deudas que Venezuela pueda tener ahora se vuelven jurídicamente más exigibles.
Un alivio limitado, no una salida total
El propio texto de la licencia 57 aclara que la autorización se circunscribe exclusivamente a la prestación de servicios financieros, y no representa el levantamiento de las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos desde 2015.
En consecuencia, el levantamiento parcial de sanciones al BCV y otros bancos públicos es, según Valdéz, un arma de doble filo: facilita las operaciones diarias y reduce costos de intermediación, pero deja al país sin excusas frente a sus compromisos internacionales. “En muy resumidos términos —concluye el experto— esos son los pros y los contras”.
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