El aumento sostenido de los precios en Argentina continúa impactando con fuerza el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras la inflación sigue presionando el costo de vida, el salario real del sector privado registró una nueva caída de 1,3% durante enero, lo que profundiza el deterioro de las condiciones económicas y complica cada vez más el acceso a alimentos y vivienda para miles de familias.
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El escenario laboral también refleja señales de retroceso. De acuerdo con el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), la actual política de reducción del aparato estatal ha provocado la eliminación de 64 mil 649 puestos de trabajo en el sector público nacional, una cifra que evidencia el impacto de los recortes en distintas áreas de la administración.
La situación económica se mantiene tensa bajo la gestión del presidente Javier Milei. Analistas citados por consultoras como LCG y Equilibria estiman que la inflación de febrero de 2026 se mantuvo cercana al 3%. Sin embargo, advierten que el aumento de productos clave como alimentos, bebidas y carnes —que representan casi la mitad de la canasta básica— superó el 5% mensual, lo que neutraliza cualquier alivio derivado de la caída del tipo de cambio.
A este panorama se suma el fuerte incremento de tarifas en servicios públicos como electricidad, gas y transporte, además del alza en los costos de la salud privada. Estas subidas, según distintos sectores económicos, desmontan la narrativa oficial de una «inflación cero», dejando en evidencia un ajuste que termina afectando directamente el presupuesto de los hogares.
El impacto también golpea con mayor fuerza a los adultos mayores. En los últimos siete meses la jubilación mínima perdió alrededor de 5% de su poder adquisitivo, mientras el bono compensatorio se mantiene congelado. En muchos casos, el ingreso ya no alcanza para cubrir la canasta básica del jubilado, lo que obliga a numerosas personas mayores a regresar al trabajo informal para poder subsistir en medio de un escenario económico cada vez más complejo.
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