Tras el paso de un frente frío inusual en Colombia que azotó con fuerza al país durante la primera semana de febrero, el Gobierno Nacional ha oficializado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
En ese sentido, estas regiones concentran la atención del país, bajo un decreto que otorga facultades especiales durante 30 días para movilizar recursos y ejecutar obras urgentes que detengan el avance de la crisis, ya que el impacto de este fenómeno hidrometeorológico ha sido devastador, dejando una huella de 65 emergencias que incluyen inundaciones masivas y deslizamientos de tierra en 61 municipios.
Detrás de las cifras técnicas hay una realidad humana dolorosa: más de 252 mil personas afectadas y un saldo de 10 fallecidos, lo que demuestra que la situación ha escalado a tal punto que el presidente Gustavo Petro decidió cancelar su viaje a Alemania, donde participaría en la Conferencia de Seguridad de Múnich, para priorizar la atención directa en las zonas de desastre y asegurar que el Estado no dejará desamparados a los damnificados.
Por otro lado, Córdoba es el departamento más golpeado por esta furia climática, con miles de viviendas destruidas y decenas de puentes y escuelas inhabilitadas. Para garantizar la transparencia en el uso de estos poderes extraordinarios, el Congreso de la República será convocado tras el cese del decreto para realizar el control político correspondiente.
Mientras tanto, el enfoque principal sigue siendo la ejecución de operaciones presupuestales destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y proteger a las casi 70 mil familias que hoy intentan recuperar lo que el agua se llevó. Esta declaratoria busca salvar vidas y estabilizar a las comunidades del norte colombiano que hoy luchan por ponerse de pie.
Fuente: Medios Internacionales
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