La abogada Ana Cristina Bracho presentó un análisis sobre los recientes acontecimientos que marcaron la madrugada del 3 de enero de 2026, calificándolos como un hecho de complejidad inédita y como parte de la continuidad de las agresiones que se vienen desarrollando contra la República desde que fue declarada “amenaza inusual y extraordinaria” por Estados Unidos.
Bracho recordó que el tema fue expuesto por el representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Samuel Mocada, el pasado 5 de enero, donde se denunció la violación de principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Crimen de agresión y violación del derecho internacional
La jurista explicó que lo ocurrido constituye un crimen de agresión, categoría del derecho penal internacional que se refiere al desarrollo de acciones militares contra un Estado que no es hostil y donde no se ha declarado guerra.
“Estamos ante el quebrantamiento de principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló Bracho, subrayando que las justificaciones dadas por los agresores representan una amenaza latente de colonización, contraria al artículo primero de la Carta, que establece la igualdad de los pueblos y su derecho a la libre determinación.
Colonización y derechos humanos
Bracho recordó que los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU reiteran la igualdad soberana de los Estados y que la Resolución 1514 sobre descolonización establece que cualquier forma de colonización constituye una violación de los derechos humanos de la población sometida.
En este sentido, rechazó las afirmaciones que pretenden vincular los recursos naturales de Venezuela como propiedad de Estados Unidos, aclarando que desde el siglo XIX, bajo el régimen minero establecido por el Libertador, quedó definido que las riquezas de las tierras venezolanas pertenecen a la República.
Defensa de la soberanía sobre los recursos naturales
La abogada destacó que, aunque Venezuela reconoce como fecha formal de inicio de su actividad petrolera el año 1914 con el pozo Zumaque, la tradición jurídica nacional siempre ha establecido que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Las concesiones otorgadas a terceros países han sido únicamente en el marco de exploración y explotación, sin que ello implique cesión de soberanía.
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