El Gobierno Nacional puso en marcha un operativo preventivo de alcance nacional destinado a erradicar el uso de barras LED y sistemas de iluminación de alta potencia no autorizados.
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Esta determinación, que ya se ejecuta en las principales arterias viales, responde a una instrucción directa del vicepresidente sectorial para la Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien ha enfatizado que la protección de la familia venezolana y la disminución de la siniestralidad vial constituyen prioridades innegociables para el Estado.
El argumento técnico que sustenta esta medida reside en el peligro latente que representan estos accesorios, a menudo instalados por razones estéticas o bajo la falsa premisa de optimizar la visibilidad del conductor. Las autoridades han advertido que estos dispositivos generan un efecto de encandilamiento severo en quienes transitan en sentido contrario, comprometiendo la capacidad de reacción en autopistas y vías rurales. Esta situación, lejos de ser un inconveniente menor, se ha identificado como el detonante de numerosos accidentes de tránsito, transformando una tendencia decorativa en un problema de salud pública y seguridad ciudadana.
En cuanto a la operatividad de la medida, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ha establecido un protocolo de actuación inmediata que no admite concesiones. El procedimiento estipula la detención del vehículo y el retiro obligatorio de los sistemas de iluminación prohibidos en el mismo lugar del abordaje. Esta normativa se aplica de manera transversal, abarcando desde vehículos particulares hasta unidades de transporte público y de carga pesada.
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