En un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela manifestó su rechazo categórico ante lo que calificó como el robo y secuestro de un nuevo buque privado cargado con petróleo venezolano.
Según el documento, divulgado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la operación fue ejecutada por efectivos militares de los Estados Unidos en aguas internacionales, un acto que Caracas califica como una «grosera violación» de los convenios de navegación y de la Carta de las Naciones Unidas.
La denuncia oficial pone especial énfasis en un aspecto humanitario: la «desaparición forzada» de la tripulación que se encontraba a bordo de la nave al momento del abordaje. El texto señala que este hecho constituye un grave acto de piratería internacional, asegurando que el modelo que intenta imponer Washington mediante estas prácticas está destinado al fracaso frente a la soberanía del país y su industria de hidrocarburos.
Además, las autoridades venezolanas confirmaron que ejercerán acciones legales de inmediato. El plan de respuesta incluye una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y diversos organismos multilaterales, con el objetivo de que los responsables respondan ante la justicia por estos hechos.
El comunicado cierra con una advertencia clara: Venezuela asegura que estos actos no quedarán impunes y que el Derecho Internacional terminará por imponerse.
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