La cancelación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), por parte de la nueva administración Trump, podría exponer a más de 600.000 venezolanos a la deportación en los próximos meses.
La medida pone en jaque a miles de migrantes venezolanos que creían que estarían protegidos de la deportación, y que les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta el otoño de 2026.
Nuevas directrices
La no renovación de la prórroga podría sumarse a la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal y contra los inmigrantes a los que el gobierno de Biden había autorizado a permanecer en el país.
Sin embargo, los republicanos han argumentado que la medida se ha alejado mucho de su misión original de proporcionar refugio temporal en caso de conflicto o desastre.
Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán. Los tribunales federales bloquearon algunos de esos esfuerzos.
El presidente Donald Trump indicó que «el 90% de los venezolanos que actualmente residen en los Estados Unidos han mentido a la nación sobre su riesgo de vida en Venezuela».
Por esto, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva que exige la investigación minuciosamente de todos los casos de asilo de ciudadanos venezolanos que han llegado a los Estados Unidos desde el año 2012.
Guantánamo
Además, Trump firmó,este miércoles, una orden ejecutiva para habilitar en la Base Naval de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes considerados «delincuentes de alta prioridad».
Anunció que este espacio servirá para detener alrededor de 30.000 inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos que supuestamente planteen una amenaza para la sociedad norteamericana
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