La violencia en Siria se ha disparado desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), entre el 8 de diciembre de 2024 y el 6 de agosto de 2025 al menos 9.889 personas han perdido la vida.
El informe señala que la caída del gobierno dejó un vacío político y de seguridad que ha sumido al país en un estado de fragmentación. La ausencia de una autoridad central ha dificultado la administración del país y ha afectado gravemente la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos.
SOHR destaca que el caos posterior al derrocamiento del régimen permitió que actores oportunistas se apoderaran de bienes públicos y buscaran beneficios personales, mientras el país enfrenta un aumento de la delincuencia violenta y los asesinatos selectivos.
La violencia también ha adoptado un carácter sistemático, con masacres y ataques motivados por razones sectarias o políticas. Estas acciones han profundizado las divisiones sociales, amenazando cualquier intento de reconstruir un Estado democrático basado en justicia e igualdad.
A esto se suman los casos de tortura y muertes en prisiones controladas por distintos grupos armados respaldados por autoridades de facto. La situación ha generado temores de una creciente cultura de impunidad, dejando a Siria en un momento crítico para la seguridad y la reconciliación nacional.
Fuente: Medios Internacionales
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