El Departamento de Trabajo de EE.UU., bajo la administración de Donald Trump, presentó un plan para derogar o reescribir más de 60 normativas laborales que el Ejecutivo califica como “obsoletas”.
La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, explicó que la iniciativa busca reducir la carga regulatoria sobre los empleadores y mejorar la productividad. “Estamos orgullosos de liderar el mayor recorte de regulaciones en el gobierno federal”, afirmó.
Sindicatos y defensores de derechos laborales alertan que millones de trabajadores, en especial mujeres, migrantes y personas racializadas, quedarían más expuestos a condiciones laborales peligrosas y desprotección.
Cambios clave que generan controversia
Una de las reformas más cuestionadas afectaría a 3,7 millones de trabajadores de salud domiciliaria, quienes perderían el derecho al salario mínimo y pago de horas extras, a menos que leyes estatales los amparen. Esta medida revierte una protección establecida en 2013 durante el gobierno de Barack Obama.
También desaparecerían normas básicas como el uso obligatorio de cinturones de seguridad en transporte laboral, y las garantías contra represalias por denunciar abusos. Según Farmworker Justice, “estas medidas dejarían a los migrantes aún más vulnerables”.
Menos seguridad en minas y construcciones
El plan contempla eliminar la exigencia de iluminación adecuada en obras de construcción, al considerarla poco eficaz en la reducción de riesgos. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la mala iluminación es causa frecuente de accidentes mortales.
Además, se limitaría la autoridad de los inspectores regionales de seguridad minera para exigir mejoras clave, como ventilación o prevención de derrumbes. Según el gobierno, estas decisiones deben pasar por el Congreso.
Duras críticas desde el sector laboral
Grupos empresariales y conservadores aplauden la medida por reducir costos y trámites. En contraste, organizaciones laborales lo consideran un retroceso. “Ya mueren demasiadas personas en sus empleos. Esto solo empeorará el problema”, advirtió Rebecca Reindel, directora de seguridad laboral de la AFL-CIO.
Fuente: TeleSUR
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