El Ejecutivo venezolano formalizó este viernes su decisión irrevocable de abandonar el Estatuto de Roma para concretar la salida definitiva del país sudamericano de la Corte Penal Internacional.
El canciller venezolano notificó directamente al secretario general de las Naciones Unidas sobre este paso fundamental respaldado por las más altas autoridades del Estado. Las autoridades nacionales argumentan que el organismo internacional mantiene una profunda parcialidad contra las naciones del sur global durante sus procesos judiciales.
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Según el criterio oficial, la soberanía nacional resulta prioritaria frente a estructuras externas que presuntamente responden a intereses geopolíticos ajenos a la equidad procesal. Caracas sostiene que las actuaciones del tribunal reflejan un patrón discriminatorio que afecta principalmente a los continentes latinoamericano y africano desde hace varios años.
La defensa de la soberanía frente al intervencionismo judicial
La administración gubernamental también denunció la utilización de mecanismos de persecución jurídica orientados a socavar los derechos fundamentales del pueblo venezolano en la escena global. Esta modalidad de presión institucional busca limitar el desarrollo político independiente mediante la manipulación sistemática de los convenios internacionales suscritos previamente.
Previamente, el poder legislativo había dado luz verde a una normativa específica para revocar la integración histórica de la nación en dicho tribunal internacional de justicia. Con esta medida parlamentaria se ratificó el rechazo absoluto a la supuesta inacción del sistema judicial global ante diversas crisis humanitarias internacionales recientes.
El liderazgo político nacional reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía frente a cualquier injerencia externa que intente vulnerar la estabilidad institucional interna. La directriz diplomática apunta ahora hacia la consolidación de alianzas bilaterales alternativas que garanticen el respeto mutuo y la autodeterminación de los estados libres.
Finalmente, el gobierno venezolano reiteró que continuará promoviendo un nuevo orden jurídico internacional verdaderamente imparcial que garantice la plena soberanía de los pueblos sin sesgos políticos.
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