El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, tras determinar que el exmandatario violó las medidas cautelares impuestas en su contra al publicar contenido en las redes sociales vinculadas a sus hijos, también figuras políticas activas.
La decisión fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial contra Bolsonaro por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023. Según el magistrado, no hay duda de que el exjefe de Estado incumplió las restricciones judiciales.
«Es inaceptable que un expresidente utilice su influencia para desafiar decisiones del Poder Judicial y fomentar el desorden institucional», declaró Moraes.
Restricciones adicionales y allanamiento policial
Además del arresto domiciliario, se le prohibió a Bolsonaro recibir visitas, excepto de sus abogados y familiares directos, y se autorizó a la Policía Federal a confiscar todos los dispositivos electrónicos presentes en su residencia mediante un allanamiento.
Aunque anteriormente Moraes había evitado imponer prisión preventiva calificando el comportamiento como una “irregularidad aislada”, ahora sostiene que la reiteración de los hechos exige una respuesta más firme.
Presiones externas: EE. UU. entra en escena
El caso ha escalado a nivel internacional. Desde Washington, el Gobierno de Estados Unidos —liderado por Donald Trump— ha calificado el proceso judicial contra Bolsonaro como una “cacería de brujas”, lo que ha tensado aún más las relaciones bilaterales.
En represalia, EE. UU. anunció un aumento del 50 % en los aranceles a las importaciones brasileñas y, a través del Departamento del Tesoro, incluyó al juez Alexandre de Moraes en la lista de sancionados de la OFAC (SDN List).
A pesar de estas presiones, el STF ha ratificado su independencia judicial y asegura que el proceso contra Jair Jair Bolsonaro continuará sin interferencias. La Procuraduría General de la República ha solicitado una condena de hasta 43 años de prisión, por cargos como intento de golpe de Estado, conspiración contra el orden democrático y organización criminal.
Fuente: RT
360⁰/KR/OBP
