Una acción judicial contra cuatro ciudadanas fue aceptada formalmente por el Tribunal Primero de Control de Nueva Esparta. La medida legal responde a graves denuncias por falsificación de documentos tramitados con la finalidad de apoderarse de un patrimonio económico ajeno. El expediente figura inscrito bajo el código oficial OP04-P-2026-000624 dentro del sistema de justicia venezolano. En las actas procesales aparecen señaladas como imputadas María Desiree Marcano, María Esperanza Marcano, Aleida Gamero Rivas y María Gamero de Guiliani.
Las denunciadas afrontan cargos por delitos de falsa atestación pública, agavillamiento y uso indebido de escritos no auténticos. La solicitud interpuesta exige investigar minuciosamente y establecer responsabilidades penales contra todas las involucradas en los hechos descritos. El demandante Jesús Tadeo Gamero impulsó este recurso legal para resguardar la salud y estabilidad de su progenitor. Su padre, Hernán José Gamero, padece severas deficiencias cognitivas que le impiden gestionar sus asuntos financieros y personales.
Estrategias irregulares para interferir en el patrimonio familiar
Debido a dicha condición médica, el tribunal designó oportunamente a Jesús Gamero como tutor interino para administrar los bienes. Sin embargo, las querelladas intentaron desplazarlo de la gestión del patrimonio hereditario mediante maniobras fraudulentas. Ellas aseguraron poseer lazos sanguíneos directos respaldados por supuestas actas de reconocimiento emitidas en la localidad de Tucupita. El querellante remarcó con firmeza que su progenitor jamás firmó dichos escritos ni reconoció a esas ciudadanas como hijas legítimas.
Las partidas presentadas carecen por completo de impresiones dactilares y rúbricas exigidas estrictamente por la Ley de Registro Civil. Pese a tales omisiones manifiestas, un juzgado civil revocó inicialmente la tutoría legal previamente otorgada al denunciante. Dicha decisión derivó en un irregular procedimiento ejecutado en Pampatar donde se sustrajeron documentos personales y quince mil dólares. Ante las evidentes maniobras ejecutadas para controlar el patrimonio, el denunciante exigió la actuación prioritaria del Ministerio Público para investigar la verdad.
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