Este martes 2 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana CITGO, por parte del gobierno de Estados Unidos y sectores de la derecha nacional, de acuerdo con el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates.
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El vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, aseguró que los venezolanos deben conocer que en EE. UU. no se respeta el derecho económico. «No se respeta el derecho a la propiedad. El planeta tiene que saber, cualquier Estado o país y empresario tiene que saber que si a EE.UU. le da la gana le roba su empresa, que es lo que está pasando hoy con CITGO», dijo, rechazando que se niegue a Venezuela la posibilidad de recuperar su bien.
Infante explicó que un juez estadounidense, Leonard Stark, decidió vender forzosamente la compañía por 5.900 millones de dólares, cuando su valor real ronda los 12.000 millones. «El pueblo debe saber que CITGO es el séptimo complejo refinador más grande en Estados Unidos (EEUU), tiene aproximadamente 4 mil 200 estaciones de servicio», detalló, recordando que genera entre 4 y 5 mil millones de dólares al año, recursos que podrían invertirse en protección social y desarrollo económico.
El parlamentario también recordó que en enero de 2024 se creó una Comisión Especial para investigar la participación de partidos de oposición y diputados de la legislatura 2015-2020 en el despojo de la empresa. «Combo de traidores a la Patria», afirmó Infante, al referirse a figuras como Henry Ramos Allup, Julio Borges y Juan Guaidó, y a los diputados que conformaron la comisión: Oscar Ronderos, Gilberto Jiménez, José Brito, Jesús Pérez y Mario Silva, entre otros.
La investigación identificó a 351 responsables del robo de CITGO, agrupados en 94 exparlamentarios, 108 pseudofuncionarios y 149 directivos de ONG, algunos vinculados a la Fundación Simón Bolívar de CITGO, quienes desviaron recursos destinados originalmente a la salud del pueblo.
Infante afirmó que los hallazgos de la comisión sientan las bases para acciones judiciales y políticas contra los involucrados y sugirió aplicar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Extinción de Dominio. «María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y el grupo de delincuencia organizada autodenominada Asamblea Nacional del 2015 se convirtió en eso en un GEDO (grupo estructurado de delincuencia organizada) para robar el país y para dañar al pueblo», indicó.
Finalmente, la AN aprobó un acuerdo en repudio al expolio de CITGO y exhortó al Ejecutivo nacional a retirar la nacionalidad a Dinorah Figuera, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Horacio Medina y José Ignacio Hernández, mientras se activan todos los mecanismos jurídicos para que los 351 responsables enfrenten la justicia venezolana.
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