Cientos de representantes pertenecientes a colectivos campesinos, sectores originarios y comunidades garífunas protagonizaron una masiva jornada de interrupción vial en todo el territorio nacional. Los manifestantes salieron a las calles para manifestar su profundo rechazo frente a la creciente ola de despojo de tierras registrada durante el primer semestre de gestión oficial.
Lea también: Gustavo Petro impugna la eleccion presidencial de colombia
La convocatoria fue impulsada por la Alianza Campesina, Indígena y Popular aprovechando la fecha conmemorativa del Día de Lempira. Los inconformes realizaron plantones simultáneos en zonas clave para el comercio y el transporte terrestre, exigiendo respuestas inmediatas ante la vulneración de sus garantías fundamentales y ancestrales.
Los cortes de circulación vehicular se concentraron en puntos estratégicos como Quebrada Seca en Yoro, la vía CA-13 en Atlántida y el sector de Comayagua. También se registraron cierres totales en la salida meridional de la capital hondureña, además de protestas activas en los departamentos de Choluteca y Colón.
Durante las concentraciones, los voceros populares externaron su profunda preocupación por las recientes actuaciones del Poder Legislativo. Acusan a los parlamentarios de estructurar un entramado normativo diseñado específicamente para criminalizar la defensa legítima de los recursos naturales y las propiedades comunitarias.
Las consecuencias legales del despojo y la crisis institucional
Entre las legislaciones más criticadas destaca el Decreto 84-2026, el cual amplía de manera discrecional los criterios para tipificar la asociación terrorista. A este instrumento se le suma el Decreto 107-2026, enfocado en blindar jurídicamente los predios destinados a la agroindustria, la ganadería y el desarrollo turístico privado.
Las comunidades afectadas recalcan que estas normativas anulan cualquier posibilidad de aplicar reformas agrarias o procesos de expropiación por utilidad pública. Asimismo, recordaron que el polémico Decreto 93-2021 continúa vigente, perpetuando sanciones severas por usurpación sin que las autoridades actuales hayan mostrado voluntad política para derogarlo.
Para finalizar, los sectores movilizados advirtieron sobre el deterioro sistemático de las instituciones protectoras de derechos humanos y ambientales en el país centroamericano. Denunciaron además la reincorporación al tribunal arbitral del CIADI y el riesgo latente de reactivar iniciativas económicas similares a las ZEDE.
360/AP/DRR
