En un acto de profunda carga simbólica, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofreció disculpas públicas a las familias de Josué e Ismael Arroyo Bustos (15 años), Nehemías Arboleda Portocarrero (14 años) y Steven Medina Lajones (11 años), cuatro menores afroecuatorianos del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, quienes sufrieron desaparición forzada y posterior asesinato tras ser arrestados por patrullas militares en diciembre de 2024.
El encargado de asumir la responsabilidad estatal fue el Comandante General de la FAE, Mauricio Salazar Machuca. En estricto cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, el jefe militar admitió ante los familiares y la opinión pública que los adolescentes fueron privados de su libertad de forma ilegal, arbitraria y sin justificación alguna por parte de los uniformados.
Reconocimiento de fallas sistémicas y reformas urgentes
Más allá de admitir la autoría de los militares en la detención que desencadenó la tragedia, el pronunciamiento oficial expuso las graves falencias institucionales. El general Salazar calificó la respuesta inicial del Estado tras la denuncia de desaparición como «insuficiente e inconsistente», reconociendo que los mecanismos de búsqueda y protección fallaron de manera estrepitosa.
Para garantizar que este acto trascienda lo simbólico y marque un punto de inflexión, el comandante de la FAE anunció medidas concretas:
- Reestructuración operativa: Modificación inmediata de los procedimientos de las patrullas en territorio.
- Nuevos protocolos: Implementación obligatoria de manuales de actuación militar con un enfoque estricto en el respeto a los derechos humanos.
Un reclamo de justicia que se multiplica
Lo que inició como una ceremonia solemne y protocolar terminó convirtiéndose en el epicentro de una exigencia social colectiva. La admisión de culpa por parte de las Fuerzas Armadas reavivó el clamor de otras familias que atraviesan el mismo calvario en el país.
Al cierre del evento, allegados de otras 51 personas desaparecidas desplegaron pancartas y consignas en el recinto. Para los manifestantes, la tragedia de Las Malvinas visibiliza una realidad estructural, por lo que exigieron que el mismo nivel de celeridad, investigación y asunción de responsabilidades se aplique de inmediato a sus propios casos.
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