La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunciaron una huelga general acompañada de movilizaciones masivas el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei.
- Argentina pierde más de 63.000 trabajadores públicos
- Incendios en la Patagonia argentina arrasan con más de 40 mil hectáreas de bosque
- Mortalidad infantil aumenta en Argentina por primera vez en 20 años
Aunque la fecha exacta de la sesión aún no se ha confirmado, las centrales estiman que la protesta nacional se realizará entre el 19 y el 25 de febrero. La medida busca frenar la aprobación definitiva de una ley que ya cuenta con el respaldo del Senado, obtenida en medio de protestas y fuertes operativos policiales frente al Congreso.
Dirigentes gremiales consideran que esta huelga es un paso necesario, pero insuficiente, y han propuesto un plan de acción más amplio que involucre movimientos sociales y partidos políticos para resistir lo que califican como un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.
La controversia principal se centra en los cambios a la negociación colectiva. El proyecto, presentado como “modernización”, prioriza los acuerdos por empresa sobre los convenios por actividad y elimina la “ultra actividad”, que mantenía vigentes los convenios colectivos hasta la firma de uno nuevo. Además, introduce un “banco de horas” que permite jornadas de hasta 12 horas sin pago extra y faculta al empleador a fraccionar las vacaciones en periodos de siete días.
En el ámbito económico, el Gobierno propone reducir las contribuciones patronales a la seguridad social y canalizar esos recursos hacia un Fondo de Asistencia Laboral, con un impacto estimado de 2.500 millones de dólares anuales.
La propuesta también contempla recortes salariales de hasta el 75% en casos de enfermedades crónicas o accidentes no laborales, y deroga la Ley de Teletrabajo de 2020, manteniendo la normativa de 1929 que fija la jornada semanal de 48 horas. Los críticos advierten que estos cambios reflejan una contradicción en la pretendida modernización, mientras la presión sindical se mantiene para modificar el rumbo de la iniciativa.
360°/AR/OBP
