En lo que representa un giro estratégico en la política energética nacional, el Palacio de Miraflores fue el escenario de una reunión de alto nivel entre la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la plana mayor de la corporación estadounidense General Electric Vernova. El encuentro culminó con la firma de un memorando de entendimiento destinado a la reestructuración tecnológica del golpeado Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La cita rompe el molde de las alianzas tradicionales del Ejecutivo y contó con la presencia institucional del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en el país, John Barret, junto a los máximos directivos de la firma tecnológica, Roger Martella y Eric Gray. La delegación venezolana estuvo blindada por las máximas autoridades de las carteras de Economía, Hidrocarburos (PDVSA) y Energía Eléctrica (Corpoelec).
El nuevo marco legal que facilita el acuerdo
Este acercamiento con el gigante estadounidense —que aporta más de 130 años de experiencia en infraestructura de potencia— no es aislado. Responde directamente al nuevo tablero jurídico que la Asamblea Nacional comenzó a dibujar el pasado 2 de junio con la aprobación en primera discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Dicho marco legal, actualmente bajo el escrutinio de una consulta pública nacional iniciada el 9 de junio, modifica un total de 42 artículos clave con un objetivo explícito:
- Fomentar empresas mixtas: Romper el monopolio exclusivo estatal para permitir la entrada de capital y operadores internacionales.
- Renovación tecnológica: Sustituir componentes críticos y software de gestión en las plantas de generación y transmisión del país.
Hacia una red blindada y sostenible
De acuerdo con las líneas de trabajo del memorando, el objetivo de la alianza de Miraflores con General Electric Vernova es inyectar robustez operativa a la red para detener la inestabilidad del servicio en el territorio nacional. El plan apunta a que la experiencia de la corporación en sistemas sostenibles sirva para blindar la infraestructura contra fallas y elevar de forma perentoria los índices de eficiencia energética que reclama el aparato productivo del país.
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