Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la representación diplomática fijó posición oficial sobre el diferendo de la Guayana Esequiba. El país desconoce de manera firme la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta centenaria controversia territorial. Esta postura responde directamente a los recientes señalamientos formulados por el mandatario guyanés, Irfaan Ali. El presidente de Guyana había exhortado a acatar el próximo fallo que emitirá dicho tribunal internacional. Sin embargo, las autoridades venezolanas reiteraron que no acatarán ninguna decisión que emane de esa instancia.
La administración venezolana sostiene que cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia violaría el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este tratado histórico se mantendrá como la única base normativa aceptada para alcanzar un entendimiento entre las partes. Las autoridades diplomáticas sostienen que la negociación bilateral directa constituye el camino legal y legítimo para resolver el diferendo. Cualquier intento de imponer una resolución unilateral resulta inaceptable para la soberanía del Estado.
Por esta razón, la vía judicial abierta en la Corte Internacional de Justicia carece de validez y reconocimiento para el país. Venezuela reafirma que no renunciará a sus derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba bajo ninguna circunstancia diplomática. El Estado venezolano continuará promoviendo el diálogo entre ambas naciones como la solución verdadera. La controversia sólo podrá solucionarse mediante acuerdos mutuos y respeta el espíritu pacifico del tratado original. Con este pronunciamiento, el Ejecutivo marca un límite claro ante las acciones entabladas ante la Corte Internacional de Justicia.
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