Cientos de ciudadanos protestaron en las inmediaciones del Congreso paraguayo. Exigen que el saliente mandatario Santiago Peña enfrente las consecuencias legales tras la intervención de Ueno Bank. La manifestación surgió en un clima de tensión política y económica. Se confirmó que la entidad bancaria presentaba graves deficiencias financieras en su solvencia.
La movilización popular coincidió con la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Los legisladores aprobaron por unanimidad el juicio político contra el presidente. Tras esta decisión, el expediente pasó con urgencia al Senado. Los senadores deben definir si aceptan la renuncia del gobernante o si el proceso continúa en los tribunales de Justicia.
Rechazo ciudadano a la inmunidad parlamentaria y exigencia de transparencia
Diversas figuras de la sociedad civil manifestaron su rotundo rechazo a una posible aceptación de la dimisión presidencial. La activista María Stela Invernizzi advirtió que otorgar la renuncia permitiría al exmandatario asumir como senador vitalicio. Esto lo blindaría con fueros especiales. Así evitaría que la Justicia ordinaria lo investigue sin el consentimiento del Senado.
El Banco Central de Paraguay ratificó que ejecutó la intervención al detectar una caída drástica en los fondos de reserva. Dicha institución administraba millonarios recursos públicos provenientes del Instituto de Previsión Social. Los manifestantes insistieron en que el sistema financiero no puede quedar impune. Todos los implicados deben comparecer ante la Justicia sin privilegios políticos.
El exmandatario anuncia su defensa mientras las familias exigen justicia
Ante el avance legislativo, Santiago Peña emitió un comunicado en sus redes sociales. Confirmó que comparecerá y ejercerá su derecho a la defensa con argumentos técnicos. El político aseguró que colaborará activamente con las investigaciones. Su objetivo es garantizar que quienes infringieron las normativas respondan de inmediato ante la Justicia.
Asimismo, el expresidente enfatizó que la discusión sobre su permanencia no debe retrasar la asistencia financiera a los afectados. Las familias exigen estabilidad económica urgente. Por su parte, los ciudadanos congregados en las calles recalcaron que mantendrán la presión social hasta que la Justicia esclarezca por completo el destino de los recursos estatales comprometidos.
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