Con la determinación de quien lucha día a día por la vida, un grupo de pacientes renales, familiares y trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se concentró este miércoles ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chacao. El motivo: entregar un manifiesto que denuncia el reciente ataque contra un almacén de insumos médicos en La Guaira y el impacto sostenido de las sanciones en el acceso a tratamientos vitales.
La movilización, que partió desde las inmediaciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, no solo llevó papeles y consignas; llevó historias de resistencia.
El rostro humano detrás de las cifras
Para quienes dependen de una máquina de diálisis, el tiempo no es relativo, es vital. Una de las pacientes presentes relató conmovida cómo la incertidumbre de años anteriores (2016-2017) marcó a la comunidad renal, pero destacó la respuesta inmediata ante el incidente del pasado 3 de enero, cuando un ataque afectó suministros previstos para tres meses.
«A pesar de que intentaron dejarnos sin nada, en menos de una semana llegaron los insumos. Yo pude recibir mi diálisis gracias al Seguro Social y por eso estoy aquí agradecida. Los venezolanos queremos paz; no somos un país de guerra ni de bombardeos», expresó la paciente ante las cámaras de 360°.
Un reclamo por el derecho a la vida
La jornada estuvo marcada por el esfuerzo de ciudadanos que, como un grupo proveniente de los Valles del Tuy, se levantaron desde la madrugada para asegurar que su voz llegara a instancias internacionales. Para ellos, el ataque al almacén de La Guaira no es solo una pérdida material, sino una agresión directa contra el «venezolano de a pie» y contra la estabilidad del sistema de salud pública.
»Defendemos nuestro derecho a la salud»
El ambiente en Chacao reflejó una mezcla de indignación y esperanza. «Vinimos a demostrar que la agresión afecta la salud de nuestro pueblo», comentó uno de los asistentes mientras la marcha avanzaba hacia la sede de la ONU. El objetivo es claro: que el organismo internacional tome nota de cómo las medidas coercitivas y los actos de sabotaje vulneran los derechos humanos más básicos de los sectores más vulnerables.
La actividad concluyó con la entrega formal del documento, dejando constancia de que, más allá de la política, existe un pueblo decidido a defender su derecho a sanar y a vivir en paz.
Kenia Ferrer.
360°/AR/OBP
