El domingo 4 de mayo, en la provincia peruana de Pataz, la policía encontró los cuerpos de los 13 mineros que habían sido secuestrados el 26 de abril. Los trabajadores estaban maniatados y se cree que fueron ejecutados por sus captores, sin que hubiera ninguna negociación durante el secuestro.
El principal sospechoso de la masacre es Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, quien exige un rescate de más de un millón de dólares por los rehenes. Se cree que ‘Cuchillo’ controla una organización criminal en La Libertad, que actúa en la zona y ha cometido varios delitos en el pasado.
La masacre ocurrió en medio del estado de emergencia en Pataz, declarado en febrero por ataques relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado. Las autoridades han enviado equipos especiales de la Policía para enfrentar a las bandas responsables y garantizar la seguridad en la zona.
Este caso ha provocado gran indignación. En respuesta, un grupo de congresistas en Perú promueve una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriazén. El congresista Roberto Sánchez criticó la gestión del gobierno en este asunto y afirmó que ya tienen las firmas necesarias para presentar la moción, y en breve buscarán reunir todas las rúbricas requeridas.
La situación ha generado un fuerte impacto político en Perú, con llamados a cambios en el liderazgo y a garantizar justicia para las víctimas.
Fuente: RT
360°/PG/OBP
