El gobierno de Estados Unidos muestra resistencia ante la posibilidad de que la gestión de Delcy Rodríguez ingrese a organismos internacionales de supervisión energética. La administración norteamericana rechaza concretamente la incorporación de Venezuela a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

​La relación entre la potencia energética y el mecanismo global comenzó en 2011 bajo la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, la estrategia cambió en 2017 durante el mandato de Donald Trump. En aquel período, el Congreso anuló las normas que exigían a las petroleras reportar sus pagos a gobiernos extranjeros.

​Geopolítica energética y límites a la transparencia en el comercio del crudo

​Para certificar a un país, el organismo exige divulgar públicamente impuestos y regalías pagadas a cada Estado. No obstante, gigantes petroleros y grupos como el American Petroleum Institute se oponen firmemente a este requerimiento en sus operaciones internacionales. La postura corporativa incluye cualquier negocio que estas empresas desarrollen en territorio venezolano.

​Expertos del sector señalan que admitir a Venezuela en el organismo chocaría con la política de trato bilateral de la Casa Blanca. El enfoque estadounidense prefiere la negociación directa sin la intervención de veedores ni auditorías externas. Esta visión prioriza la desregulación comercial por encima de los estándares internacionales de transparencia.

​Finalmente, analistas advierten que la marginación de actores clave debilita el combate contra los flujos financieros opacos en la industria energética. La falta de consensos multilaterales dificulta el monitoreo eficaz sobre la renta petrolera. En este contexto, el mercado de los hidrocarburos continuará operando bajo una limitada transparencia institucuional.

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