La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La normativa busca promover la paz y la convivencia entre los venezolanos, reconociendo la diversidad y pluralidad dentro del marco de la ley y la justicia.
Según la exposición de motivos, la ley permite al Poder Legislativo dictar medidas de reparación para atender las “heridas profundas” generadas por la confrontación política y el extremismo. La normativa se basa en valores como “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, pilares del “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.
La ley incluye salvaguardas claras sobre los delitos que quedan excluidos, entre ellos: “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”. Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, el Gobierno excarceló a 896 personas que estaban detenidas por presuntos delitos relacionados con la violencia política.
El instrumento legal otorga “una amnistía general y plena” a quienes fueron “procesados o condenados por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos” ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. Se incluyen hechos como el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, ataques a gobernaciones y alcaldías, así como episodios de violencia política vinculados a paros y sabotajes empresariales y petroleros entre 2002 y 2024.
Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relacionados con estos hechos. Además, los archivos sobre las personas amnistiadas deberán ser eliminados. El Ejecutivo Nacional se encargará de implementar mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley, apoyado por una comisión especial de 23 parlamentarios de todas las fracciones políticas, encargada de supervisar su ejecución.
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