El Poder Ejecutivo boliviano anunció la aplicación de una tarifa actualizada para el expendio de carburantes en todo el territorio nacional. A partir de la fecha, el valor sugerido del diésel se ubicará en 18 bolivianos por litro, importe aproximado de 1,55 dólares. Esta decisión administrativa coincide con una ola de manifestaciones ciudadanas motivadas por las prolongadas fallas en la distribución de combustible.
Para justificar la medida, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó los alcances del Decreto Supremo 5676. El portavoz oficial aseveró que el instrumento legal persigue contener la extracción ilícita de derivados del petróleo. En sus declaraciones, el representante gubernamental admitió de forma abierta la proliferación de redes de microcontrabando que desvían el combustible.
Medidas gubernamentales buscan frenar el contrabando de combustible y regularizar la oferta
Aramayo señaló con honestidad que el contrabando se ha extendido a diversos niveles dentro del territorio nacional. Por ello, las autoridades defienden la necesidad de reordenar el mercado para garantizar una distribución justa entre los usuarios. El Ejecutivo sostiene que el ajuste tarifario desincentivará el comercio ilegal de combustible hacia los países vecinos.
Pese a los argumentos gubernamentales, la iniciativa generó inmediatas reacciones de rechazo entre los sectores organizados de la sociedad. El Comité de Defensa del Productor manifestó su profunda preocupación frente a los posibles efectos inflacionarios de la medida. Voceros de la organización advirtieron que el encarecimiento del combustible propiciará la especulación y fortalecerá el mercado informal.
Finalmente, los gremios productivos hicieron un llamado urgente al diálogo con las autoridades nacionales. Los trabajadores del campo y del transporte solicitaron revisar los alcances del Decreto Supremo 5676 de manera concertada. Mientras tanto, la población se mantiene atenta a la evolución de las protestas por la falta de combustible.
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