El Gobierno Nacional hizo efectiva la liberación condicional de un numeroso grupo de ciudadanos que permanecían bajo tutela judicial. La medida beneficia de manera directa a ciento treinta y un privados de libertad que se encontraban tras las rejas. Esta decisión busca fomentar la estabilidad social y afianzar los consensos pacíficos en el ámbito político.
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La resolución definitiva provino del sistema de justicia tras una petición formal planteada por la fiscalía general. El expediente de cada uno de los privados de libertad fue sometido a una minuciosa revisión técnica. Para ello, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática actuó como el ente coordinador del trámite legal.
El comunicado institucional subrayó que la medida alcanzó a personas en fase de juzgamiento y a sentenciados. El procedimiento para estos privados de libertad se desarrolló cumpliendo rigurosamente las pautas establecidas en la legislación nacional. Con esta acción, las autoridades gubernamentales buscan avanzar en la reconciliación del tejido comunitario.
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