El proceso para la renovación y selección de las máximas autoridades del Poder Judicial en Venezuela ha entrado en una fase extraordinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional anunció una prórroga unánime de siete días continuos para que los profesionales del derecho consignen sus credenciales, una medida tomada en conjunto con la directiva del Parlamento para flexibilizar los tiempos de entrega.
La recepción de documentos no se detendrá; el operativo se mantendrá activo en la sede del Museo Boliviano en horario corrido desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., incluyendo el próximo sábado y domingo. La meta, según las autoridades, es garantizar que ningún abogado con el perfil requerido quede fuera por retrasos administrativos en la recaudación de sus requisitos.
Las cifras del «hito histórico»
Más allá de la extensión del calendario, el dato que ha acaparado la atención pública es el volumen de participación. El diputado Giusseppe Alessandrello, presidente del comité, calificó la convocatoria como un «hito histórico» tras registrarse un total de 613 ciudadanos postulados hasta la fecha.
El grueso de los aspirantes busca una silla en la máxima instancia judicial del país, distribuyéndose la participación de la siguiente manera:
85,3% de los postulantes (523 personas): Compiten por los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
9,1% (56 personas): Optan por la titularidad de la Inspectoría General de Tribunales.
4,8% (30 personas): Formalizaron su inscripción para dirigir la Escuela de la Magistratura.
Lo que viene: Impugnaciones y entrevistas en paralelo
La prórroga moverá el tablero de las siguientes fases, pero el marco legal se mantiene estricto. Una vez que culmine este nuevo plazo el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde, el comité publicará el listado definitivo de nombres en medios impresos y digitales, tal como lo norman la Constitución de la República (Artículo 264) y la Ley Orgánica del TSJ.
A partir de esa publicación, el proceso entrará en su etapa más crítica: un lapso de 15 días continuos para recibir impugnaciones por parte de la ciudadanía. De acuerdo con el cronograma técnico, esta fase de objeciones correrá en paralelo con la evaluación minuciosa de los currículos y los intensos días de entrevistas presenciales que liderará el equipo multidisciplinario de la comisión parlamentaria.
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