Las fallas estructurales y el retardo procesal en el sistema de justicia penal venezolano impactan de manera desproporcionada a los ciudadanos con menores recursos económicos. Así lo revelan los datos técnicos expuestos por el fiscal general de la República, Larry Devoe, quien instó a una transformación profunda e integral del aparato judicial del país.
Según los estudios presentados por la máxima autoridad fiscal, casi el 70% de la población recluida en los centros penitenciarios pertenece a los estratos socioeconómicos cuatro y cinco, los más vulnerables de la sociedad. Esta asimetría se traduce en una distorsión del debido proceso, donde la lentitud de las causas penales empuja a los procesados a tomar decisiones desesperadas.
»El 75% de los ciudadanos condenados en el país optó por la admisión de los hechos», detalló Devoe, explicando que este indicador sociodemográfico demuestra cómo los privados de libertad asumen la culpabilidad no por convicción, sino como un mecanismo para acortar la reclusión provisional y evitar los altos costos financieros de un juicio ordinario.
Acciones concretas y consulta pública
El pronunciamiento, realizado en el marco del reinicio de la Revolución Judicial, plantea un plan de acción coordinado entre el Ministerio Público, el Ejecutivo nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A diferencia de diagnósticos anteriores, esta nueva etapa se apoya en un proceso de consulta en marcha que escucha activamente a diversos sectores sociales para corregir los vicios del sistema tradicional.
Hacia un nuevo paradigma judicial
Para frenar el retardo procesal de forma definitiva, el Fiscal General concluyó que la solución pasa por un cambio de doctrina institucional:
- Mínima intervención penal: Evitar la saturación del sistema con casos que puedan resolverse por vías alternativas.
- Garantía del debido proceso: Asegurar que los tiempos legales se cumplan rigurosamente.
- Igualdad ante la ley: Romper la brecha socioeconómica que afecta el acceso a una defensa justa.
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