El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su rechazo a la reciente renovación de la llamada “emergencia nacional” sobre el país, prorrogada el 18 de febrero por la administración de los Estados Unidos. La posición oficial fue difundida por el canciller Yván Gil, quien calificó la medida como injustificada y carente de fundamentos sólidos.
En el comunicado, el Ejecutivo destacó que este instrumento, vigente desde 2015, ha sido aplicado “sin base objetiva ni justificación real”, apoyándose en argumentos “alejados de la verdad y del Derecho Internacional”. Señalan que la medida no se basa en hechos concretos que justifiquen su aplicación.
La nota resalta que, tras más de una década desde su instauración, la realidad confirma lo que Venezuela ha sostenido de forma constante: “nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo”. Con esto, Caracas subraya la falta de fundamento legítimo de la declaración.
La figura de la «emergencia nacional» permite al presidente estadounidense imponer sanciones y restricciones económicas bajo el argumento de afrontar una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional o la política exterior de su país. Además, le otorga la capacidad de actuar con mayor rapidez y alcance que los procedimientos normales del Congreso.
Con este rechazo, el Gobierno venezolano reafirma su postura frente a medidas unilaterales y refuerza su posición internacional, dejando claro que considera estas acciones injustificadas y contrarias a los principios del Derecho Internacional.
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