El Congreso de Perú archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusada por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas tras el golpe parlamentario contra Pedro Castillo en diciembre de 2022. La votación en la Comisión Permanente concluyó con 12 legisladores a favor y 10 en contra, al considerar que no hay pruebas suficientes de que la mandataria y otros exfuncionarios actuaran con intención de causar daños.
¿Merece Boluarte un sueldo de casi 10 mil dólares?
¿Qué está detrás de la histórica tormenta de arena que azota Perú y alarma a expertos?
Petro: «Perú ha copado un territorio de Colombia»
El entonces fiscal interino, Juan Carlos Villena, presentó la acusación contra Boluarte y varios exministros por no haber evitado la represión policial y militar, que dejó oficialmente 49 muertos y más de 250 heridos, aunque otras fuentes señalan que las víctimas superaron las 70. Villena calificó los hechos como una posible omisión en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los exfuncionarios señalados estaban los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, y el exministro de Defensa Jorge Chávez. Durante el debate, la parlamentaria Ruth Luque afirmó que el informe fue elaborado “para impedir que el Ministerio Público investigue los hechos” y resaltó la responsabilidad política de la presidenta, aunque sus pedidos de devolver el caso a la subcomisión fueron rechazados.
La decisión del Congreso generó rechazo entre las organizaciones de familiares de las víctimas, quienes denunciaron que el Parlamento “le dio la espalda” a la población y que archivar la denuncia desconoce el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos o permanecen con secuelas físicas y emocionales.
Las protestas surgieron en varias regiones, principalmente en el sur andino, tras la destitución de Castillo, quien había anunciado disolver el Congreso y gobernar por decreto. Los manifestantes exigían su excarcelación, la dimisión del Parlamento y la convocatoria a una asamblea constituyente para crear una nueva Constitución, mientras las fuerzas de seguridad reprimieron las movilizaciones con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos.
Fuente: teleSUR
360⁰/AR/OBP
