Diversos sectores legales y organizaciones sociales en Panamá expresaron su preocupación ante informes de abusos durante la Operación Omega, lanzada el 14 de junio en la provincia de Bocas del Toro. La operación policial, en la que más de 1,300 efectivos actuaron para detener las protestas contra la Ley 462, genera cuestionamientos por violaciones a derechos humanos.

Abogados defensores de los manifestantes denunciaron que la policía detuvo a varias personas sin órdenes judiciales y que no han logrado localizar a algunos arrestados, quienes habrían sido trasladados a otras provincias del país. La falta de información oficial complica la labor de defensa legal y aumenta la incertidumbre sobre las condiciones en las que mantienen a los detenidos.

El retorno del artículo 23 y su impacto en los derechos humanos

En respuesta a la tensión, el Consejo de Gabinete decidió volver a aplicar el artículo 23 de la Constitución, que estaban suspendiendo durante el estado de emergencia. Sin embargo, esta medida recibe fuertes críticas de juristas, quienes consideran que viola tratados internacionales y vulnera el principio de legalidad en las detenciones. Además, en medio de un incremento en arrestos irregulares, la medida intensifica la preocupación por la protección de los derechos humanos.

El equipo legal informó que al menos 70 personas detenidas en Changuinola ahora están en centros de Veraguas. Testigos, como la abogada Lirieth Rodríguez, relatan presuntos malos tratos, golpes, privación de alimentos e incluso agresiones sexuales contra los arrestados.

El Ministerio de Seguridad aún no emite declaraciones oficiales sobre las condiciones de reclusión ni confirma la identidad de todos los detenidos. La poca información oficial impide que los familiares y abogados conozcan la situación de las personas arrestadas, y genera preocupación por la suspensión de garantías básicas como el derecho al Hábeas Corpus.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó el bloqueo de comunicaciones en Bocas del Toro. La medida limita el trabajo de los medios y restringe el derecho a la información. La organización pidió a las autoridades que restablezcan los derechos constitucionales y detengan las amenazas contra los periodistas.

Por último, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y organizaciones internacionales respaldan al pueblo panameño. Lanzan un llamado a la comunidad mundial para que permanezca vigilante y evite que esta crisis afecte la democracia, la institucionalidad y el tejido social del país.

Fuente: TeleSur

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