La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este jueves en segunda discusión 95 artículos del proyecto de ley de reforma parcial del sistema eléctrico. Los parlamentarios acordaron diferir para la próxima sesión el resto de los artículos, alcanzando una cifra total de 115 apartados normativos. Con este avance parlamentario se consolidan derechos, deberes y tipologías específicas para la totalidad de los suscriptores del país.
El texto legal establece formalmente dos categorías fundamentales para la atención comunitaria y comercial. Por un lado, los usuarios generales recibirán energía bajo regulaciones de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional. Asimismo, las tarifas de este grupo serán fijadas por el Ejecutivo Nacional bajo esquemas de subsidio. Por otra parte, los usuarios especiales podrán acordar montos directamente con las empresas operadoras públicas y privadas.
Normativa técnica y deveres para la protección del servicio eléctrico
El marco regulatorio enfatiza las obligaciones que deben asumir los ciudadanos para proteger la infraestructura energética. Los suscriptores deberán firmar contratos, pagar puntualmente su consumo real y evitar la reventa de energía. De igual forma, queda estrictamente prohibida la cesión o traspaso del suministro a inmuebles no estipulados en los documentos.
La ciudadanía tendrá la responsabilidad legal de permitir el libre acceso al personal técnico debidamente identificado. Resulta indispensable resguardar medidores, mantener instalaciones internas adecuadas y acatar posibles medidas de corte del suministro eléctrico. Adicionalmente, las personas deberán notificar cualquier variación sustancial en la demanda de potencia y denunciar actos vandálicos contra las instalaciones.
Cultura del ahorro e integración institucional en los municipios
Para consolidar una adecuada cultura del uso eficiente del sistema eléctrico, todos los consumidores acatarán las directrices institucionales. Específicamente, las industrias que superen dos megavatios de demanda implementarán planes obligatorios de ahorro energético. En materia de alumbrado público municipal, las alcaldías asumirán responsabilidades financieras compartidas para respaldar el cobro regular del servicio.
Las operadoras calcularán los consumos urbanos mediante mediciones directas o estimaciones técnicas garantizadas. De esta manera, se permitirá concertar acuerdos institucionales de modernización tecnológica junto a los gobiernos locales. Por su parte, la Superintendencia calculará anualmente los costos eficientes en generación, transmisión, despacho y comercialización.
El primer vicepresidente del parlamento, Pedro Infante, destacó el esfuerzo de las bancadas políticas durante la jornada. El diputado felicitó la disciplina parlamentaria para consolidar este instrumento legal orientado al bienestar colectivo. Infante concluyó afirmando que el debate transparente permite entregar un marco normativo sólido para el desarrollo del sector eléctrico nacional.
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