Un magistrado estadounidense desestimó la petición del Departamento de Justicia para apartar más de veinte mil papeletas emitidas por la vía postal en California. La solicitud oficial pretendía verificar la nacionalidad de los electores registrados antes de incorporar sus boletas al recuento definitivo. No obstante, el tribunal determinó que la medida electoral causaría graves trastornos en unos comicios que ya están en pleno desarrollo.
El juez David Carter argumentó que la pretensión del Ejecutivo vulneraría la autonomía del estado para dirigir sus propios procesos de votación. Asimismo, la resolución judicial advirtió que separar los sufragios podría privar del derecho al voto a miles de ciudadanos estadounidenses. El dictamen subrayó que la solicitud gubernamental se sustentaba en datos poco fiables que podrían contener fallos técnicos significativos.
La resolución judicial protege la autonomía electoral del estado frente a la supervisión federal
La controversia legal surgió tras una demanda presentada por las autoridades federales a mediados del mes de octubre tras analizar registros migratorios. El Gobierno pretendía aislar los sobres identificados para comprobar la ciudadanía de los votantes antes del recuento final de las elecciones. Sin embargo, las autoridades locales rechazaron la exigencia por considerar que vulnera el sistema electoral vigente en la entidad.
Por su parte, la administración del estado advirtió que desvincular las papeletas de sus sobres procesados generaría retrasos severos en los cómputos. Además, los representantes regionales señalaron que la medida pretendida generaría incertidumbre entre los electores que ya participaron en el sufragio. El tribunal ratificó que alterar los procedimientos actuales generaría un impacto negativo en la confianza del electorado nacional.
La decisión judicial representa un freno a las iniciativas del Ejecutivo por incrementar el control central sobre las jornadas de votación. La controversia surge a pocos días de la celebración de las elecciones legislativas programadas para renovar la totalidad del Congreso. La sentencia garantiza la continuidad del cronograma electoral sin modificaciones extraordinarias en el procesamiento de los votos emitidos.
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