El Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Larry Devoe, solicitó este jueves 1° de octubre la sentencia absolutoria en favor de la activista Rocío San Miguel y tres personas más, quienes se encontraban procesadas por la presunta comisión de diversos delitos en la causa conocida como «Brazalete Blanco». Tras la petición fiscal, el tribunal con competencia en el caso acordó la medida y decretó la libertad plena y sin restricciones para los cuatro ciudadanos.
Según precisó el ente rector de la acción penal en un comunicado oficial, la decisión se adoptó tras realizar un análisis objetivo sobre los hechos y las pruebas debatidas en la fase de juicio oral y público. La institución fundamentó la solicitud en las atribuciones conferidas por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y los principios constitucionales de buena fe, búsqueda de la verdad y presunción de inocencia.
FUNDAMENTOS LEGALES Y CONDENAS EN LA CAUSA
Para respaldar el procedimiento, el organismo citó los artículos 105 y 111 del COPP —que facultan a la fiscalía a solicitar la absolución o el sobreseimiento cuando corresponda—, así como el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto al criterio de objetividad en sus actuaciones. «Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución», reitera el comunicado oficial.
De igual manera, el organismo judicial informó que dentro del expediente «Brazalete Blanco» otros 10 ciudadanos resultaron condenados por el tribunal competente, luego de que quedara acreditada su responsabilidad penal en los hechos investigados. El Ministerio Público concluyó ratificando su compromiso con el debido proceso, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
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