La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diez personas vinculadas al Tren de Aragua. Esta importante medida busca frenar un masivo esquema de fraude dirigido contra instituciones financieras norteamericanas para desviar millones de dólares. Según el informe oficial, los involucrados utilizaban un sofisticado programa informático para manipular cajeros automáticos y obligarlos a dispensar dinero en efectivo. La red orquestaba estos ataques cibernéticos conocidos como jackpotting para obtener ganancias ilícitas y financiar las operaciones de la estructura criminal.
Asimismo, la investigación gubernamental reveló que las operaciones eran dirigidas por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometeo, uno de los fugitivos más buscados. El delincuente presuntamente diseñó el malware utilizado para vulnerar los sistemas informáticos y coordinó a diversos grupos desplegados en suelo estadounidense. Adicionalmente, el grupo delictivo recurría a transacciones con criptomonedas para blanquear las ganancias millonarias generadas a través de este elaborado esquema de fraude bancario internacional.
Ciberataques a cajeros automáticos y lavado de dinero a través del esquema de fraude
Las cifras oficiales indican que hasta agosto de 2025 las pérdidas reportadas por este método superaban los 40,73 millones de dólares. La organización criminal ejecutó más de 1.500 ataques contra terminales de punto de venta y cajeros automáticos en territorio norteamericano. Por otra parte, la medida administrativa de la Ofac alcanzó al líder de alto rango Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho. Las autoridades internacionales señalan que este sujeto coordinaba operaciones de minería de oro, narcotráfico y extorsión en varios países suramericanos.
Los acusados enfrentan cargos federales severos que incluyen apoyo material a una organización terrorista, robo bancario, conspiración y lavado de activos. De ser hallados culpables por los tribunales federales, los implicados podrían recibir penas máximas de entre 20 y 335 años de prisión. Esta acción forma parte de una estrategia sostenida del gobierno estadounidense contra el crimen transnacional que intenta desmantelar este esquema de fraude global.
Bloqueo de activos e impacto de las medidas financieras globales
Como consecuencia directa de las sanciones aplicadas por las autoridades, todos los bienes de los designados en Estados Unidos quedan totalmente bloqueados. La normativa prohíbe de manera estricta a cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones comerciales con los sujetos o empresas señaladas. De igual manera, las instituciones involucradas deberán notificar de inmediato a la Ofac sobre cualquier propiedad o interés patrimonial detectado bajo su jurisdicción.
Finalmente, el informe oficial enfatiza que las violaciones a estas normativas financieras pueden acarrear severas sanciones civiles o penales a nivel internacional. Las autoridades continuarán monitoreando las actividades delictivas para neutralizar cualquier nuevo esquema de fraude desarrollado por la banda en la región.
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