La administración de Donald Trump canceló contratos con múltiples organizaciones que proporcionan asistencia legal a niños, niñas y jóvenes migrantes. Esta decisión impacta a aproximadamente 26,000 menores que llegaron a Estados Unidos en los últimos años, dejándolos en un limbo legal angustiante.
La cancelación de financiamiento también expone a los abogados que representan a estos menores a amenazas legales si deciden proseguir con los litigios para que sus clientes permanezcan en el país. La abogada hondureña Cristel Martínez, quien ha trabajado en casos de migración desde 2018, expresó su incredulidad: «No puedo creer lo que está sucediendo. Hablamos de personas que ayudan a tramitar el asilo».
La mayoría de los clientes de Martínez, que incluye a una bebé de 11 meses y otros niños de cinco a 17 años, llegaron a EE. UU. durante la administración de Joe Biden o después. La situación se torna crítica para estos menores, especialmente en el contexto de la ley de protección a niños migrantes, aprobada en 2005 con apoyo bipartidista. Esta legislación estableció normas para proteger a los menores en el sistema migratorio y evitar su traslado a centros de detención para adultos.
La Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes prohíbe que el Gobierno repatríe a menores en su custodia a situaciones de peligro y garantiza su derecho a ser representados por organizaciones sin fines de lucro con experiencia en el manejo de casos de migrantes.
Sin embargo, el pasado viernes, la Administración Trump sostuvo que suspendía los recursos y fondos que sostienen miles de expedientes en el sistema judicial. Esta acción marca un grave retroceso en la protección de los menores migrantes en EE. UU.
Fuente: Radio Miraflores
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